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Cortés vetó la ordenanza que anulaba el acuerdo con Navtour y defendió el pago de un millón de dólares

El intendente Walter Cortés vetó la ordenanza que buscaba anular el acuerdo con Navtour y justificó el pago de U$S 900.000 como un mal menor frente a una condena judicial mayor.

Cortés vetó la ordenanza que anulaba el acuerdo con Navtour y defendió el pago de un millón de dólares

El intendente Walter Cortés vetó la ordenanza que buscaba anular el acuerdo con Navtour y justificó el pago de U$S 900.000 como un mal menor frente a una condena judicial mayor.

En medio de un clima de tensión institucional en el Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, el intendente Walter Cortés firmó este jueves una resolución que veta en forma total la ordenanza 3505-CM-2025, aprobada por mayoría en el cuerpo deliberativo local. Dicha norma encomendaba la abrogación de la resolución 586-I-2025, por la cual se convalidó el acuerdo extrajudicial con la empresa Navtour S.A., que incluyó el reconocimiento de daños y perjuicios y un pago que supera los 900.000 dólares.

La medida del jefe comunal fue adoptada a través de la Resolución 1053-I-2025 y devuelve el expediente al Concejo “a sus efectos”, amparándose en la Carta Orgánica Municipal.

En su extensa argumentación, el Ejecutivo local planteó que el Concejo no presentó fundamentos jurídicos válidos ni observó irregularidades que habiliten la revocación de la resolución 586-I-2025. Para Cortés, el acto fue dictado con apego al debido proceso, luego de negociaciones y audiencias de mediación patrimonial, y contó con el aval de la Comisión General de Transacciones, un órgano tripartito conformado por representantes del Ejecutivo, el Concejo y el Tribunal de Contralor. “No puede dictarse una ordenanza para abrogar una resolución del intendente que es un acto administrativo derivado y no autónomo”, se lee en uno de los pasajes centrales del texto firmado por Cortés.

Un conflicto que dejó heridas políticas

La controversia tiene como telón de fondo el expediente judicial “Navtour S.A. c/ Municipalidad de San Carlos de Bariloche s/ Contencioso Administrativo”, iniciado por la empresa tras un extenso conflicto contractual. En ese marco, el Municipio firmó en marzo de este año un acuerdo de transacción extrajudicial para evitar una condena que —según el análisis jurídico interno— podría haber implicado un costo mayor para el erario público.

“El acuerdo permitió cerrar un litigio con alta probabilidad de condena firme y limitó el impacto económico para el Municipio”, justificó Cortés, que defendió el pago pactado como un “acto de responsabilidad institucional”.

Sin embargo, para varios sectores del Concejo Municipal, la resolución fue irregular y excedió las atribuciones del Ejecutivo. Por eso impulsaron una ordenanza que ordenaba su derogación. El texto fue aprobado el 22 de mayo, generando una fuerte respuesta por parte del oficialismo.

La decisión de vetar la ordenanza muestra no solo un choque de criterios jurídicos, sino también una tensión latente entre el Ejecutivo y el cuerpo legislativo. Mientras los concejales que votaron la norma aseguran que el acuerdo con Navtour fue “opaco” y “contrario al interés público”, el intendente contraargumenta que se siguieron todos los procedimientos previstos por la normativa municipal.

El texto del veto subraya que la Comisión General de Transacciones —órgano establecido por la ordenanza 009-CM-92 y su reglamentación 047-CM-92— avaló el acuerdo por unanimidad, y que dicho cuerpo incluye representación del propio Concejo.

Además, remarca que la resolución 586-I-2025 fue un acto de ejecución, subordinado a una decisión previa adoptada por un órgano colegiado, por lo tanto no puede ser revocada unilateralmente por el legislativo.

“No estamos ante un acto autónomo. Se trata de un acto derivado que ejecuta una decisión adoptada conforme a derecho, con participación institucional plena y sin vicios de nulidad”, sostiene el documento.

Con el veto del intendente ya oficializado, el expediente volverá al Concejo Municipal, que deberá resolver si insiste con la ordenanza o acepta la decisión del Ejecutivo. Para insistir, será necesario reunir dos tercios de los votos, un escenario complejo en el actual mapa político.

Mientras tanto, el caso Navtour —que ya generó polémica en la opinión pública por el monto del acuerdo y la discrecionalidad percibida en su tramitación— promete seguir generando ruido en la agenda política local.

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