La historia detrás de un terreno familiar en disputa: denuncia de estafa, duelo y sentencia judicial
La Justicia suspendió el desalojo de una vecina de 74 años en Bariloche. Su hijo denuncia una presunta estafa ocurrida en los años '90 para apropiarse del terreno familiar.
Julia Argentina Chávez tiene 74 años, una vida entera en el mismo terreno donde sus abuelos se asentaron cuando Bariloche era apenas campo. Pero esta semana, una orden judicial casi la deja en la calle. El desalojo, previsto para la mañana del jueves, fue suspendido a último momento tras la intervención de la Defensoría de Pobres y Ausentes. Sin embargo, la causa sigue su curso y el futuro es incierto. “A mi mamá la engañaron en el peor momento de su vida”, sostiene Pablo Chávez, su hijo, con una mezcla de bronca y dolor.
La historia que relata Pablo es tan compleja como profundamente humana. Tiene el peso de la historia familiar, el entramado legal opaco, la vulnerabilidad ante el sistema y la memoria como única herramienta para resistir el olvido. "Esto empieza mucho antes de mi vieja", cuenta. En 1935, sus bisabuelos compraron un gran terreno en lo que hoy es la zona de Onelli, entre las calles Rosales y Mascardi. Con los años, esa extensión se fue dividiendo entre distintas ramas de la familia. Allí crecieron, sembraron, construyeron.
Según el relato de Pablo, la tragedia golpeó a la familia en 1992 con la muerte de una de sus hermanas, una niña de 12 años. En medio del dolor, una pareja –Dora Petroff y Alfredo Ernalz, vinculados entonces al ámbito religioso y deportivo local– se acercó a Julia ofreciendo ayuda: trámites funerarios, consuelo, acompañamiento. “Vinieron en nombre de Dios. Mientras la abrazaban con una mano, con la otra la apuñalaban”, dijo Pablo en Radio Con Vos Patagonia.
Lo que la familia supo tres décadas después fue que aquellos documentos, presuntamente vinculados a una habilitación comercial, incluían una cesión de derechos hereditarios. A partir de ese acto, Petroff y Ernalz inscribieron la propiedad a su nombre, con un supuesto valor de compra de unos 500.000 pesos de hoy.
En 2019, cuando los Chávez intentaron formalizar la titularidad del lote, se toparon con el reclamo de Petroff y una causa judicial ya avanzada. “Nos enteramos de un juicio con sentencia firme cuando recién empezábamos los trámites. Nunca tuvimos abogado, nadie nos explicó nada. Íbamos al juzgado y nos volvíamos sin respuestas”.
La pandemia agravó la situación. Con el país paralizado por las restricciones sanitarias, el proceso judicial continuó y la familia fue declarada en rebeldía, a pesar de haber intentado presentarse ante las autoridades. Incluso existió una mediación en la que los Chávez recibieron una propuesta para desistir del reclamo “por las buenas” y ser resarcidos con el 20% del valor fiscal de la tierra.
A medida que la amenaza del desalojo se volvía inminente, los Chávez buscaron desesperadamente apoyo legal. “Uno de los abogados más conocidos de la ciudad me pidió diez mil dólares para frenar la medida. Me dijo que no nos iban a devolver la tierra, pero que por lo menos ganábamos tiempo para irnos”, relata Pablo.
Este miércoles por la noche, la Defensoría de Pobres y Ausentes se comunicó con la familia. Horas después se confirmó que se logró frenar el desalojo, al menos de forma temporal.
Lo que viene ahora es incierto. La justicia deberá revisar los pasos dados y determinar si hubo manipulación o vicios en el consentimiento. Pablo, mientras tanto, sigue insistiendo en que su madre fue víctima de un aprovechamiento indigno en un momento de extrema vulnerabilidad. “¿Qué sabés vos del Código Civil si tenés cuarto grado?”, se preguntó con impotencia.
En una ciudad donde el valor de la tierra crece al ritmo de los intereses inmobiliarios, esta historia es mucho más que un conflicto entre vecinos. “Es una mentira, esto es un abuso. Todo lo que nos pasa es por ignorancia, se llama judicial y económica. Si vos no tenés para pagar, ¡pum!, te pasan por arriba”, lamentó.
*La entrevista completa:
